El Administrador está facultado para realizar cuantos actos de administración y gestión sean necesarios, con observancia de las normas legales aplicables, la costumbre y la prudencia, sin otras limitaciones que las expresamente recibidas del titular de los bienes y aquellas que estén atribuidas en exclusiva a otras profesiones.

La administración y asesoramiento de bienes inmuebles propiedad de terceros, así como de cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios para la construcción de viviendas, urbanizaciones con sus servicios, instalaciones y anejos comunes, entidades colaboradoras de la gestión urbanística aludidas en la Ley del Suelo, Centros Comerciales, Clubs Náuticos, y, en general, cuantos cometidos guarden relación con la administración de bienes inmuebles.

Los Colegios Profesionales, en nuestro Estado de Derecho, cumplen una función social, cuyo objetivo es ordenar la profesión de manera que el ciudadano de forma particular y la sociedad, reciban los servicios profesionales en las condiciones debidas, lo cual viene avalado por el control de la actividad profesional de los colegiados, velando por el cumplimiento de las normas deontológicas, dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares, ejerciendo la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.